feb 6, 2012
jaimevaldes

Primera mujer indígena en Corte Nacional de Justicia de Ecuador

Mariana Yumbay Llallico, mujer indígena kichwa de 39 años, en proceso abierto, público y transparente, fue nominada en el máximo tribunal de justicia de ECUADOR. Abogada y Doctora en Jurisprudencia, especialista en derechos colectivos de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos y dirigenta de una organización campesina e indígena.

Ecuador es un estado plurinacional según su constitución del 2008. Funciona en ese país, un sistema de justicia paralela (pluralismo jurídico) que otorga potestad a las autoridades de los pueblos, comunidades y nacionalidades a ejercer la administración de justicia.  O sea, se reconocen no sólo los derechos individuales proclamados en el discurso liberal, sino sus derechos históricos colectivos,  tales como autonomía política, control sobre su territorio y los recursos naturales y la preservación de las tradiciones culturales religiosas y lingüisticas.

Lo interesante también en esta situación es que una mujer, entre 9 mujeres, que recién llegan con Mariana Yumbay a la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana, compuesta por un total de 21 miembros, sea no sólo la primera persona indígena en alcanzar esta autoridad en la historia de Ecuador, sino que ella tenga la condición de ser mujer indígena .

Se manifiesta en concreto una política de igualdad de oportunidades. Un Estado, como el ecuatoriano, más facilitador de justicia, y no  agente del miedo o de la “criminalización” de sus pueblos indígenas. Como ocurre en Chile, donde además no existe algo básico como un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas.

Este video muestra su discurso de postulación a la Corte, desde su perspectiva de mujer indígena. Me llega su fuerza y su dignidad! ¡Qué importante abrir la posibilidad de aprender de otras experiencias!


Mariana Yumbay

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  • DISCURSO DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS JUECES Y JUEZAS DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR

    Allí tuta nipani tukuy apukkunata, shinallatak mashikunatapash, ñukami kay pachapi kikinkunaman asha yuyaikunata kikinkunaman karakrini.

    “Lo primero para ser juez es tener vocación.
    Vocación de justicia”.

    (Carlos Cossio)

    La administración de justicia en el contexto constitucional ecuatoriano

    Como toda sociedad viva, la nuestra, la sociedad pluricultural ecuatoriana, ha ido dinamizando los cambios.

    La justicia en el Ecuador asume hoy un cambio histórico que denota un compromiso simbiótico de toda la sociedad ecuatoriana en miras a alcanzar la tan anhelada justicia, pilar fundamental dentro de una sociedad democrática en donde la misma permita un acercamiento de toda la sociedad a esta función del Estado constitucional de derecho, intercultural y plurinacional.

    El papel que desempeñan los diversos operadores judiciales en un Estado de Derecho se torna imprescindible para la configuración de la democracia; esta acometida se complejiza aún más con el advenimiento del nuevo paradigma del Estado ecuatoriano como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia en donde una eficiente administración de justicia es un imperativo del nuevo modelo de Estado.

    La labor que desempeñarán las juezas y jueces en este nuevo modelo de Estado tiende a ser mucho más dinámica evidenciándose lo que en doctrina suele denominarse como el “activismo judicial”, en donde los jueces dejan de ser la “simple boca de la ley” y pasan a convertirse en jueces reflexivos, convirtiéndose en verdaderos intérpretes y guardianes del texto constitucional, debiendo en este nuevo rol contarse con jueces y juezas probos y diligentes que muestren su compromiso social y jurídico en aras de alcanzar una democracia sustancial.

    Recordemos que: “El poder de los gobernantes no va más allá de hacer, elaborar y promulgar códigos y leyes. En cambio, pertenece a la autoridad de los jueces fijar el modo como ellos se entienden y aplican”.

    Si bien es cierto dentro de su normativa la Constitución establece que todas las personas y pueblos tenemos derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales y obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de nuestros derechos, este principio constitucional se ha visto históricamente mancillado con una realidad cruenta en donde esta importante función del estado fue blanco de serios cuestionamientos por toda la sociedad ecuatoriana e incluso objeto de críticas por parte de la Comunidad internacional.

    La tutela judicial efectiva ha sido enunciada permanentemente en el ámbito jurídico de los estados democráticos; no obstante aquello, tradicionalmente se observó que la misma comportaba una simple enunciación retórica sin que se consiga una aplicación material de la misma.

    La estructura de los derechos de las personas, a partir de la segunda mitad del siglo anterior, ha evolucionado permanentemente, ante lo cual no basta su simple enunciación formal, sino más bien debe aplicárselo directamente en la realidad social por parte de todos los actores del conglomerado, en especial por parte de los operadores judiciales, los cuales dentro del Estado Constitucional de Derecho se convierten en los celosos guardianes de los derechos individuales y colectivos, garantías ciudadanas, asumiendo su verdadero rol garantista, observando su respeto y tutela efectiva.

    Ahora, bajo este nuevo paradigma, se propugna la defensa no solo de los derechos que tradicionalmente han sido protegidos por la legislación positiva; sino también nuevas manifestaciones, que pese a no encontrarse desarrolladas en el ordenamiento interno de un determinado Estado, forman parte de la estructura jurídica del mismo, conformando la base del llamado bloque de constitucionalidad, establecido principalmente por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por nuestro país.

    Al respecto nuestra Constitución en su artículo 427 determina que “[...] En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derecho s[...]”

    Es por ello que, la tarea encomendada a los jueces, resulta de vital importancia dentro de esta corriente constitucionalista, puesto que, precisamente son aquellos quienes deben convertirse en celosos guardianes de los derechos y libertades consagrados en la Carta Fundamental del Estado.

    Al activar el órgano jurisdiccional se prevé un ejercicio efectivo por parte de los jueces al realizar la tarea a ellos encomendada; considerándose su inacción como un grave atentado a los derechos de la colectividad entera; aquella inacción ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por parte de la ciudadanía quien mantiene un alto nivel de desconfianza en esta institución, prefiriendo en muchas ocasiones la impunidad antes que aventurarse en un engorroso trámite que le ocasionará molestias en el aspecto económico, temporal y afectivo. Sin pretender satanizar a esta Función del Estado, por lo menos en el Ecuador, ninguna otra institución ha generado mayor resistencia popular en cuanto a su aceptación como la judicatura, a la misma que se la ha estereotipado como aletargada, corrupta, e inequitativa; enraizándose dentro de la creencia popular que la tan mentada justicia “es solo para los de poncho”, y que el juez lejos de ser un garantista se ha convertido en un opresor a quien poco le importa los derechos de las personas o de los pueblos y colectividades, realizando una actividad mecánica al administrar justicia, sin mirar las peculiares condiciones que cada caso presenta, emitiendo resoluciones en una suerte de factoría, rindiendo culto exclusivamente a las formalidades que la ley le impone.

    Como bien lo destaca Gustavo Zagrebelsky, el derecho es dúctil y en esa ductilidad radica la posibilidad de ampliar el horizonte argumentativo de los operadores de justicia en el país.

    “Tomar en consideración exclusivamente los casos daría lugar a una pura y simple , incompatible con la existencia del derecho como ordenamiento; tomar en consideración exclusivamente el ordenamiento conduciría a una ciencia teorética, inútil para la finalidad del derecho. Exceso de concreción en un caso, exceso de abstracción en el otro. En cualquier caso malentendiendo la naturaleza del derecho y malentendiendo de la misma”. [ ]

    En cuanto a la celeridad en la administración de justicia, debemos recordar que “la justicia que tarda, no es justicia”; con ese espíritu la Constitución de la República del Ecuador, promulgada el 20 de octubre de 2008, establece dentro de su texto el interés por brindar agilidad a los procesos que se sustancian en el país; tal acometida revela un enorme esfuerzo por parte de todos los operadores de justicia para dar fiel cumplimiento a este mandato constitucional.

    Aquella tarea comporta un cambio de 360° en la realidad jurisdiccional ecuatoriana, superando viejos atavismos que asociaban a la Función Judicial como una de las instituciones que mayor resistencia tenía por parte de la sociedad ecuatoriana. Una pronta justicia revela un gran avance en pos de precautelar el derecho que tenemos todos los ciudadanos de demandar una administración de justicia ágil y oportuna, no solo para quienes proponen una acción, sino también para quienes se encuentran al otro lado de la moneda, en calidad de demandados; sin que tal rapidez sea confundida con una actitud negligente por quienes tienen en sus manos la administración de justicia, limitándose a realizar estudios superficiales de cada caso y emitiendo resoluciones desprovistas de profundidad; sino que tal rapidez debe ser entendida como la debida y oportuna actuación de todos los funcionarios que intervienen dentro de un proceso judicial, respetando los plazos y términos que la ley establece para sus actuaciones, y en caso de demora justificando claramente la razón de la misma, garantizando los principios constitucionales del debido proceso.

    En cuanto a la eficiencia, debemos señalar que la situación por la que atravesaban muchos juzgados en el país se encontraba a punto de llegar a su colapso total; la enorme cantidad de procesos y el deficiente aparato judicial y administrativo de la función judicial denotó ya, que debemos abrir nuestros ojos y mentes al presente siglo con miras a buscar soluciones prácticas que hagan viable una correcta y adecuada administración de justicia; anhelos estos que han acompañado al hombre desde su aparición en el planeta.

    El compromiso del Estado ecuatoriano va a más allá de un cambio de denominación conceptual, al asumir al estado ecuatoriano como un estado de “derechos y de justicia”; y en este marco, se determina que esta Función del Estado sea la principal llamada a hacer respetar la Constitución y las leyes del país y en velar por el respeto de los derechos de las personas, de los pueblos y colectividades conforme dispone el artículo 10 de la Constitución. Asumimos, entonces, una realidad histórica en donde los nuevos jueces y juezas emprendamos en actividades que busquen un solo objetivo -la tutela de los derechos de las personas y de los pueblos. Aquello nos permitirá como sostenía Dworkin dejar a un lado la concepción de un “juez mecánico” que aplica el texto legal sin importar que aquello reporte injusticia o ineficacia en su decisión, por la de un juez que aplicará e interpretará el derecho como un todo integrado, respetando y haciendo respetar la Constitución y la ley. [ ]

    Debemos tener una visión más amplia respecto a nuevas técnicas y procedimientos de administración de justicia, los mismos que han sido recogidos constitucionalmente; importantes alternativas de solución de las controversias como la mediación, el arbitraje y la negociación, el sometimiento de las partes a jueces de paz encargados de resolver con equidad conflictos individuales, vecinales o comunitarios así como la administración de justicia indígena que según el artículo 171 de la Constitución adoptarán normas y procedimientos propios para resolver divergencias entre miembros de sus comunidades de acuerdo a sus costumbres lo cual debe ser conocido y respetado por los distintos agentes de la administración de justicia en el país.

    Recordemos que la tarea que hoy nos ha entregado el pueblo ecuatoriano resulta un ejercicio bastante complejo, pues en nuestra diaria labor se verá inmerso lo más importante que poseemos todas las personas como son nuestros derechos. Aquel ejercicio comporta un diálogo con otras funciones del Estado no su sumisión; un diálogo con las distintas autoridades del poder público y la sociedad en su conjunto, en donde la Corte Nacional de Justicia se convierta en un verdadero espacio de diálogo intercultural y sea la casa de la Justicia ecuatoriana, la fortaleza del pluralismo jurídico y la consolidación de la democracia sustancial.

    Hoy abrimos los ojos y despertamos llenos de ilusiones con una tarea conjunta por venir, la cual denota un compromiso por todos los hombres y mujeres que como jueces, juezas, conjueces y conjuezas que este día asumimos la obligación de ser los principales guardianes de la Constitución y leyes del país, pero sobre todo, de respetar y hacer respetar los derechos de las personas, de los pueblos y colectividades.

    Asumimos un compromiso histórico que nos invita a repensar y deconstruir modelos históricos caducos en donde por simples formalismos de una cultura jurídica tradicionalista sacrificaba los derechos de las personas; por una nueva generación de jueces y juezas en nuestro país que representen ese anhelo popular de tutela y protección de sus derechos, superado el clivaje de una “justicia burocratizada” por una “justicia emancipadora”, en donde esta función del Estado irradie transparencia, eficacia y eficiencia en sus actuaciones.

    Asistimos al nacimiento de una acometida histórica en el sistema judicial ecuatoriano en donde este anhelo de una justicia efectiva, imparcial y expedita sea el espejo en el cual se retrate el carácter del Estado constitucional de derecho, intercultural y plurinacional que, parafraseando a esa gran mujer y líder Kichwa Dolores Cacuango sea “como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer”. Sintámonos por ende orgullosos de ser testigos vivenciales del nacimiento de la nueva justicia ecuatoriana. Sintámonos comprometidos con este reto cuyo aporte en el cambio, también está en nuestras manos.

    Ama llulla, ama killa, ama shuwa

    Señoras, señores.

    Dra. Mariana Yumbay Yallico
    Jueza Nacional de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador

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